Las empresas que contraten con la Administración se someterán a nuevas pautas que simplifican y mejoran la gestión de los contratos
08 MAY 2008
Una jornada analiza, en la Cámara de Comercio de Mallorca, la nueva ley que entró en vigor el 1 de mayo
La nueva Ley de Contratos del sector público entró en vigor el pasado 1 de mayo, lo que afectará a todas las empresas que quieran concurrir a ofertas y concursos de la Administración pública y establezcan negocios con ella. Sólo en construcción, las administraciones baleares licitaron 589,5 millones de euros en 2007. La nueva norma introduce cambios en el proceso de tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos, que simplifican y mejoran su gestión. Varios abogados expertos en la materia han impartido una jornada en la Cámara de Comercio de Mallorca detallando las novedades de la ley, que, entre otros aspectos, modifica las cuantías máximas de los contratos y opta por la plena inserción de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Los ponentes dedicaron especial atención al contrato de colaboración público-privado, que es el que últimamente se está aplicando en las obras públicas de envergadura y faltas de financiación.
La jornada, organizada por la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la empresa Landwell-PricewetrhouseCoopers con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca, se celebró el pasado 8 de mayo y analizó las principales novedades de la Ley 30/2007, que no se ha limitado a introducir las nuevas directrices europeas en la materia, sino que ha buscado realizar una reforma global de todo el sistema.
Una de las principales novedades es que se racionalizan y disminuyen los costes y cargas que recaen sobre la entidad contratante y se elevan las cuantías del contrato menor a 18.000 euros y del procedimiento negociado sin publicidad a 60.000. También se abandonan los términos "concurso" y "subasta", que quedan incluidos en el término "oferta económicamente más ventajosa", y que remite a los criterios que el órgano de contratación debe tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los procedimientos abiertos, restringidos, o negociados.
Por otra parte, se crea la figura del "responsable del contrato", a la que el órgano de contratación podrá encomendar la gestión integral del proyecto, con objeto de incrementar la labor de control y poder solventar con mayor agilidad las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato. También, se introduce el concepto de "dialogo competitivo", que está pensado para contratos de gran complejidad en los que la definición final de su objeto solo puede obtenerse mediante la interrelación entre el órgano de contratación y los licitadores.
En la jornada han participado los abogados Pedro Aguiló, director de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; Francisco Tutzó, Joaquín Vives de la Cortada, Ignacio Rodríguez, Ignacio Fernández Alegría y José Luis Beotas, de PricewetrhouseCoopers (PwC), y José Ramón Ahicart y Antonia Perelló, abogados de la comunidad autónoma. A la inauguración ha intervenido también Virginia Verger, de PwC.