Nace la Asociación para el Arbitraje Institucional de Balears, que fomentará esta forma rápida y eficaz de resolución de conflictos
01 JUL 2011
El pasado jueves 30 de junio quedó constituida en la Cámara de Mallorca la Asociación para el Arbitraje Institucional de las Illes Balears, cuyo objetivo principal es promover, difundir, fomentar y desarrollar el uso del arbitraje, una alternativa rápida y eficaz para que empresas y particulares puedan resolver sus conflictos con terceros sin tener que recurrir a la vía judicial.
En el acto de creación de esta entidad sin ánimo de lucro participaron los máximos representantes de las instituciones que la conforman, como son la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears, el Colegio de Economistas de las Illes Balears, el Ilustre Colegio Notarial de las Illes Balears, la Universidad de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, la Agrupación Territorial de Baleares del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de las Illes Balears.
Además de la Asociación, en el mismo acto quedó constituida la Corte de Arbitraje de la Asociación, que será el instrumento encargado de administrar los arbitrajes, mediaciones y conciliaciones en su seno, lo permitirá elevar el número de arbitrajes que se realizan en las islas.
Asimismo, los impulsores de esta asociación aprobarán un Reglamento de arbitraje y una cláusula común que aquellas personas o empresas que lo deseen podrán incluir en los contratos que firmen, ofreciendo así una infraestructura y un soporte jurídico unificado en cuanto a la forma en la que se habrán de dirimir los conflictos que puedan surgir entre las partes.
Todo ello redundará positivamente en los ciudadanos del archipiélago, que contarán a partir de ahora con un referente claro del arbitraje institucional en las islas, evitando la actual dispersión y la diversidad de reglamentos que regulan esta práctica en las distintas instituciones que integran esta Asociación.
Las instituciones creadoras de la asociación representan los intereses de la mayoría de operadores en el ámbito del tráfico civil y mercantil, lo que hace de la Asociación para el Arbitraje Institucional de las Illes Balears una figura imparcial y de prestigio, al contar con el respaldo de la práctica totalidad de corporaciones de derecho público existentes en el archipiélago.
¿Por qué acudir al arbitraje?
El arbitraje institucional es una herramienta muy útil, que no sólo aporta muchos beneficios a las partes que se someten al mismo, sino también al sistema judicial, ya que ayuda a descongestionarlo.
Supone que las partes implicadas acuerdan voluntariamente someter las cuestiones litigiosas a la decisión de uno o varios árbitros, renunciando así acudir a los tribunales ordinarios, si bien se pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil: una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada.
Así, la agilidad se convierte en uno de los principales beneficios del sistema arbitral, ya que las controversias se resuelven en un plazo medio de entre cuatro y seis meses, y, al no caber la segunda instancia, el tiempo de procedimiento es siempre más corto que en la vía judicial ordinaria. Las partes pueden además elegir al árbitro y fijar el calendario.
La confidencialidad del procedimiento y del laudo (resolución adoptada por el árbitro), así como unos costes menores que los generados por la justicia ordinaria, son otras de las grandes ventajas del arbitraje, además de la especialización del árbitro que resuelve la controversia.
Los asuntos que pueden someterse a esta vía de resolución de conflictos son muy amplios y se circunscriben al derecho privado. Suelen ser cuestiones del ámbito civil relativas a relaciones jurídicas entre particulares, entre sociedades o personas físicas, sobre todo controversias de derecho civil, mercantil o societario.
El arbitraje puede ser de derecho o de equidad. El primero se resuelve en aplicación de la Ley, mientras que el segundo busca soluciones más adaptadas a la situación de las partes, basándose más en principios de igualdad y humanidad que en rigurosos preceptos legales.
En resumen, el arbitraje es más rápido y más económico que la vía judicial ordinaria, garantiza la confidencialidad del asunto tratado y ofrece una resolución íntegra del conflicto por parte de profesionales especializados.