La Cámara de Mallorca y el Colegio de Abogados crearán una Corte Arbitral para resolver conflictos empresariales

25 AGO 2008

Baleares tendrá una Corte de Arbitraje. La Cámara de Comercio de Mallorca y el Colegio de Abogados trabajan en la transformación del actual Tribunal de Arbitraje, con sede en la Cámara mallorquina, cuya finalidad es resolver conflictos empresariales con rapidez y sin tener que recurrir a la vía judicial. El nuevo órgano tendrá capacidad para triplicar la tramitación de casos. El objetivo es, además, convertir Baleares en referente europeo del arbitraje en materia turística.

La Cámara de Comercio de Mallorca y el Colegio de Abogados crearon el Tribunal de Arbitraje en 1992, que ha tramitado ya 377 casos. La Cámara de Mallorca es, en términos relativos, la que más resoluciones arbitrales ha gestionado de todas las Cámaras españolas. “El arbitraje es una herramienta muy interesante, que no sólo aporta muchos beneficios a las partes, sino también al sistema judicial, porque lo descongestiona. Pero aún no hay una cultura empresarial suficiente para que dé todo su potencial”, explica el presidente de la Cámara de Mallorca, Juan Gual.

Los asuntos que pueden someterse a arbitraje institucional son muy amplios y se circunscriben al derecho privado. Básicamente, son cuestiones del ámbito civil de las relaciones particulares entre sociedades o personas físicas, sobre todo controversias de derecho civil, mercantil o societario.

El sector de la construcción es el que más encomienda sus controversias a arbitraje institucional, generalmente en temas como la resolución de contratos de obra, la liquidación definitiva de la ejecución y el impago de certificaciones. Éstos no sólo son los casos más numerosos, sino también los de mayores cuantías económicas. Asimismo, destacan las resoluciones contractuales, los contratos de compraventa y, más recientemente, el arbitraje societario.

El servicio ofrecido por el Tribunal de Arbitraje institucional de la Cámara de Comercio y el Colegio de Abogados no trata materias relativas al derecho administrativo, fiscal, penal o laboral (en la comunidad, el arbitraje en materia laboral lo desarrolla el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares, TAMIB). Tampoco pueden ser objeto de arbitraje las cuestiones sobre las que ha recaído ya resolución judicial firme y definitiva, y todas aquéllas que requieran la intervención del Ministerio Fiscal. Debe haber, además, libre disposición de las partes y estar incluidas en los contratos las cláusulas arbitrales.

Ventajas del arbitraje
La agilidad es uno de los principales beneficios del sistema arbitral. Las controversias se resuelven en un plazo medio de entre cuatro y seis meses, y, al no caber la segunda instancia, el tiempo del procedimiento siempre es más corto que en la vía judicial ordinaria. Además, las partes pueden elegir al árbitro, con alta especialización, y fijar el calendario.

La confidencialidad del procedimiento y del laudo, y la posibilidad de establecer normas para el proceso, lugar de celebración e incluso el idioma son otros rasgos positivos del sistema. Asimismo, los costes suelen ser menores que los generados por la justicia ordinaria y, en el caso del Tribunal de la Cámara y el Colegio de Abogados, otra ventaja es que se ofrece asesoramiento e infraestructura personal, técnica y burocrática.

El arbitraje que se plantea desde la Cámara y el Colegio es de dos tipos: de derecho y de equidad. El de derecho se regula a través de la Ley, mientras que el de equidad busca soluciones más adaptadas a la situación de las partes, basándose más en principios de igualdad y humanidad que en rigurosos preceptos legales. El Tribunal de la Cámara ha tramitado, desde 1992 a 1997, 152 y 225 arbitrajes de derecho y equidad, respectivamente. De las 377 solicitudes, 214 han concluido en fallos o laudos, que son vinculantes para las partes; 100 se han resuelto mediante acuerdo previo voluntario; 47 no han sido admitidos por algún defecto o por no ajustarse a los requisitos para el arbitraje, y 16 se hallan en trámite.

La Corte Arbitral tendrá un funcionamiento similar al del actual Tribunal de Arbitraje, pero permitirá gestionar más casos y dará cabida a múltiples colectivos profesionales, como abogados, notarios, agentes de la propiedad inmobiliaria, arquitectos, aparejadores, peritos, administradores de fincas, médicos, etc. “Prevemos que la Corte posibilitará triplicar la demanda”, señala Gual.

Comisión de Arbitraje
La Cámara de Mallorca considera importante que las empresas tengan la opción de dirimir problemas contractuales sin tener que acudir a la justicia ordinaria. El arbitraje, por tanto, es un servicio que cree imprescindible potenciar y, por este motivo, el pleno de la Cámara aprobó el pasado mes la creación de una comisión específica que tratará estos asuntos. Actualmente, la Cámara de Mallorca cuenta con otras 10 comisiones sectoriales: Promoción Exterior; Comercio Interior; Restauración; Turismo; Industria y Medio Ambiente; Construcción, Promoción Inmobiliaria e Infraestructuras; Innovación; Transportes; Asistencia a Empresas, y Formación.

Evolución solicitudes arbitraje institucional
1) Distribución arbitrajes de Derecho y de Equidad

AÑO	SOLICITUDES	DE DERECHO	DE EQUIDAD
1992	4	2	2
1993	10	4	6
1994	14	6	8
1995	14	4	10
1996	12	6	6
1997	15	8	7
1998	11	4	7
1999	22	6	16
2000	39	12	27
2001	34	5	29
2002	43	25	18
2003	33	15	18
2004	35	17	18
2005	27	5	22
2006	33	13	20
2007	31	20	11
TOTAL	377	152	225

2) Arbitrajes según resolución de los procedimientos

AÑO	SOLICITUDES	LAUDOS	TRANSIGIDOS	NO ADMITIDOS	EN TRAMITE
1992	4	3	-	1	-
1993	10	5	2	3	-
1994	14	10	1	3	-
1995	14	10	1	3	-
1996	12	8	3	1	-
1997	15	8	3	4	-
1998	11	7	3	1	-
1999	22	11	6	5	-
2000	39	22	13	4	-
2001	34	17	15	2	-
2002	43	23	14	6	-
2003	33	19	11	3	-
2004	35	22	9	4
2005	27	16	7	2	2
2006	33	20	8	1	4
2007	31	13	4	4	10
TOTAL	377	214	100	47	16

La media de las cuantías de los asuntos arbitrados oscila entre 30.000 y 90.000 euros. Las reclamaciones económicas de los conflictos, no obstante, van desde 600 euros hasta un caso que se eleva hasta 25 millones de euros.